El conflicto entre la fe y la razón, por Marisa Bou Arrué (14/02/15)

Publicado originalmente en la Revista Anatomía de la Historia

 

¿Existe Dios? No parece necesario hacer esta pregunta, por cuanto todos nos la hemos planteado alguna vez y, seguramente, cada uno de nosotros la ha respondido pública o privadamente.

Quiero, pues, partir de una base no ya personal, sino más bien social: la del respeto a que cada uno pueda responder a la pregunta formulada a su propia manera.

Los argumentos ateos, escépticos a la existencia de Dios, nunca han sido contestados: la Iglesia trata de alcanzar el poder mundano, no a través de la verdad, sino buscando refugio en la política y aduciendo razones de injusticia social. Nosotros, y no Dios, somos responsables de las normas que nos damos; no podemos asumir la fe impuesta como fruto de la razón, sino buscar un espacio común de entendimiento.

Es decir, lo que propongo no es el debate sobre las diferentes respuestas, que por ser personales no necesitan ser discutidas, sino este otro: ¿debe el Estado asumir o alentar en algún modo las creencias de los individuos que lo conforman?

Según Habermas (1999 y 2000)  “…los procesos sociales y políticos de racionalización han terminado conduciendo a sociedades administradas y a la instalación de tecnocracias políticas, ideologías en cualquier caso, que impiden una concepción política basada en la configuración de una voluntad común, racional y universal, surgida en espacios públicos deliberativos.”

Los debates en torno a esta cuestión, públicos o privados, son innumerables. Baste el ejemplo del enfrentamiento entre el filósofo Paolo Flores d’Arcais y Joseph Ratzinger, recopilado en un libro publicado en 2008 en el que encontramos, en primer lugar, un escrito del entonces cardenal de la Iglesia católica, seguido de la transcripción del debate público que tuvo lugar en Roma entre los dos (2000),  y que moderó el periodista italiano Gad Lerner en el teatro Quirino, en el que se plantearon temas como los Derechos Humanos, los valores comunes entre cristianos y ateos y el conflicto entre la fe y la razón, desde posiciones obviamente opuestas: el que había de ser Benedicto XVI se centró en la crisis del cristianismo, mientras que d’Arcais sostenía que la Iglesia rechaza el diálogo e incurre en contradicciones; y, por último, se cierra con el texto del filósofo ateo.

El escrito de Ratzinger llevaba el título de “La pretensión de la verdad puesta en duda”, con el subtítulo de “La crisis del cristianismo en los comienzos del tercer milenio” y en él defendía que el cristianismo es de raíz racionalista y descalificaba la evolución considerada como filosofía universal. El de d’Arcais, titulado “Ateísmo y verdad”, nos habla del cambio producido en el papel de la Iglesia católica, desde la pretensión de verdad hasta el uso de la fe como consuelo, como refugio ante las injusticias de la vida terrenal. A la pérdida de fe de la generación actual, la llama el filósofo “la sociedad del desencanto”, al constatar que de las normas que considerábamos sagradas somos responsables nosotros y no Dios.

El artículo 16 de la Constitución establece nuestro Estado como aconfesional y el deber de los poderes públicos de colaborar con todas las confesiones sin que ninguna de ellas sea oficial, ambigua fórmula que no nos lleva a la deseable separación del Estado y la Iglesia. Tampoco colabora a ello el Acuerdo entre el Estado Español y la Santa Sede sobre asuntos económicos (firmado en el Vaticano el 3 de enero de 1979), acuerdo entre estados y no como con las otras confesiones, cuyos acuerdos se firmaron a través de ley interior, tras negociarse entre el Estado y la confesión. La asignación presupuestaria (O,52% de la cuota íntegra del IRPF) debió eliminarse en tres años; no obstante se dilató hasta 2006, año en que se incrementó hasta el 0,7%. Unos 260 millones anuales de subvención, no a través de los presupuestos del Estado, sino con la atípica fórmula ya mencionada de participación en el impuesto sobre la renta, hecho éste que no se da en otros países en los que  -además de que el 100% de sus ciudadanos pagan impuestos-  los fieles que desean financiar a la Iglesia pagan un porcentaje adicional que el Estado sólo se encarga de recaudar. En el apartado quinto del Acuerdo se estableció el compromiso de autofinanciación de la Iglesia, a saber:

“La Iglesia Católica declara su propósito de lograr por sí misma los recursos suficientes para la atención de sus necesidades. Cuando fuera conseguido este propósito, ambas partes se pondrán de acuerdo para sustituir los sistemas de colaboración financiera expresada en los párrafos anteriores de este artículo, por otros campos y formas de colaboración económica entre la Iglesia Católica y el Estado”.

A todas luces esta declaración no es más que papel mojado. Como lo es también el hecho de que, en la declaración del IRPF, figure una casilla intitulada “Otros fines sociales”, que oculta una nueva partida de ingresos para la Iglesia, a través de organizaciones que realizan una labor social pero que son, de uno u otro modo, dependientes de la Iglesia y cuyos servicios deberían ser prestados por las instituciones públicas. Tampoco podemos olvidar las cantidades que el Estado desvía de los presupuestos sanitarios, educativos y sociales en favor de los diversos conciertos público/privados.

Además de la flagrante desigualdad con las demás confesiones, otras organizaciones de mayor función social (por ejemplo, los sindicatos) tienen subvenciones que se cuentan por decenas de millones, frente a los 260 millones de la Iglesia. Con el agravante de ser un cheque en blanco, pues no tiene deber de justificación alguna. Otrosí, a través de la educación religiosa  -catequesis la definiría mejor-  impartida por la Iglesia en la escuela, pública y privada, el Estado gasta unos 600 millones anuales en sueldos para un profesorado del que también se arrogan el derecho de selección. En resumen, un Acuerdo de colaboración en el que sólo el Estado asume deberes y con el que la Iglesia quiebra los principios de igualdad por razón de religión (pues pagamos impuestos independientemente de nuestra religión o en ausencia de ella) y el de neutralidad, por cuanto las otras confesiones no reciben estas ayudas.

Tomando las palabras de Reyes Mate, profesor de investigación en el Instituto de Filosofía del CSIC, diré que “…mejor sería que la Iglesia fuera libre y crítica en nombre de sus creencias…” o que “…La Iglesia española tiene un esquema mental con el que mide la relación de la política con la moral y es éste: existe un derecho natural que tiene sus principios establecidos sobre lo que es bueno y malo en la vida privada y pública. Como su representante en la tierra es la Iglesia católica, hay que atenerse a ésa cuando se legisle sobre el particular…”

Y no es que no haya habido intentos, por parte de los gobiernos de izquierdas, de avanzar hacia ese estado deseable de separación de la Iglesia y el Estado. Por ejemplo, cuando José María Maravall, ministro de Educación en el primer gobierno de Felipe González, propuso instituir una carrera en ciencias de las religiones, con el fin de formar un profesorado que pudiera impartir esa materia con rigor académico y sin ataduras eclesiásticas, idea que los obispos rechazaron frontalmente, precisamente por intuir que iban a perder el control sobre esa asignatura, hoy obligatoria.

El conflicto que arrastramos desde que se firmaron los acuerdos con el Vaticano en julio de 1976, se cerró en falso. Debemos replantearnos la cuestión católica, así como las del resto de confesiones, cuyas Iglesias deben ser críticas y libres y establecer una relación menos traumática entre democracia y religión, poniendo la mirada en otros países como Alemania o Francia, donde (y sigo de nuevo a Reyes Mate) “resulta difícil imaginar a un obispo francés diciendo que no se pueden defender los derechos republicanos en una escuela católica o exigiendo neutralidad ideológica” en la escuela pública. La  diferencia es que mientras en el país vecino el republicanismo forma parte de la cultura general, aquí la versión escolástica del derecho natural es residual. Eso explicaría por qué la Iglesia francesa es tan influyente, pese a la rigurosa laicidad del Estado, y aquí cada vez lo es menos, pese a la complaciente “aconfesionalidad del Estado Español”.

Aunque el actual Presidente de la Conferencia Episcopal Española (CEE), Ricardo Blázquez, dice que “la Iglesia no quiere imponer la fe cristiana, ni la moral católica, sino que la ofrece con franqueza y valentía a todos”, otros cardenales más conservadores  -como Rouco Varela o García-Gasco-  siguen convencidos de que es la Iglesia quien tiene la última palabra cuando se dirimen cuestiones referentes a la moral pública del Estado, parapetados en sus teorías ultramontanas sobre la educación y la familia, llegando incluso a tomar la calle en defensa de sus ideas caducas, cuestionando la legitimidad de las leyes democráticas y considerando al ciudadano no como individuo libre, sino como las ovejas que ellos tienen la sagrada misión de pastorear.

A este respecto, en un intento de deslegitimar la asignatura de Educación para la Ciudadanía (EpC), llegó este prelado (García-Gasco) a decir que el Estado quería transmitir valores cívicos a los niños “como un señor feudal que pretende intervenir en la vida de sus súbditos a su antojo”, obviando que existen bases comunes de convivencia y respeto entre creyentes y no creyentes; y añadió que “no resulta sencillo adaptar esta asignatura y hacerla aceptable para la moral católica. El silenciamiento de la relación de la persona con Dios y la aportación del cristianismo a la historia y a la sociedad son claros signos de un laicismo radical…”, burdo intento de colocar, por sobre la libertad de cátedra recogida en la Constitución, su “derecho” a imponer un ideario religioso, el suyo, recordándonos tiempos no tan lejanos en los que la Iglesia condenaba cualquier libertad (de conciencia, de enseñanza…) o más cercanos, en los que no había más moral  -pública o privada-  que la suya. Como dice el teólogo alemán Johan Baptist Metz “no hay un solo valor moderno que no haya sido desacreditado por la Iglesia”.   

Marisa Bou

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